En las conclusiones de su Informe Final, la CVR “condena particularmente la práctica extendida de violencia sexual contra la mujer” (Conclusión 46) .
En Estado de miedo está el testimonio de una mujer, quien cuenta cómo el día que fue a inscribirse a la Universidad La Cantuta fue secuestrada por un grupo militar, torturada en búsqueda de información acerca de líderes terroristas en la universidad nacional, a quienes ella no tenía ni siquiera forma de conocer. Siendo virgen, fue violada por todos su agresores, a lo largo del tiempo en que estuvo en su poder y quedó embarazada de una niña que nació mientras ella estaba en el penal de mujeres, recluida injustamente, después de ser extorsionada para firmar un testimonio falso en el que se declaraba culpable de actos terroristas. La CVR constató en su investigación que dentro de las violaciones más graves a los derechos humanos, cometidas de parte de agentes militares, se encuentra la violencia sexual contra la mujer, como una práctica reiterada y persistente. En 1991, más de diez años antes de la entrega del Informe de la CVR, una investigación de Amnistía Internacional señaló como declaración de representantes del Estado peruano que “las violaciones son previsibles cuando las tropas se encuentran en zonas rurales, y por ese motivo no deberían promoverse procesos penales para sancionar este tipo de abusos”
La violencia sexual contra la mujer no fue entonces considerada por el Estado como un delito, sino un acto previsible, algo natural en situaciones de conflicto. Algo normal. Y de forma no oficial, sigue siendo considerada así. Fuera del impacto emocional que testimonios como el escuchado en el documental pueden generar, no hay castigo para los responsables. Peor, no hay justicia para las víctimas.
